Varias ordenanzas de derechos humanos y de derechos estudiantiles legisladas en todo el país especifican la prohibición de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Aunque pretenden ser los instrumentos jurídicos más directos a la vida de la población local, su eficacia ha sido criticada por la falta de los mecanismos institucionales, el personal y el presupuesto necesarios para hacer realidad sus valores. Además, los términos que hacen directa referencia al colectivo LGBT han sido a menudo blanco de grupos de odio, como ocurre con el riesgo de derogación de las ordenanzas de derechos humanos en la provincia de Chungcheong del Sur y en Seúl.
Traducción al español: Miguel
Revisión de la traducción: 희중
Redacción del texto original: Miguel
Revisión del texto original: 레이
¿Qué hace falta para superar el odio y la discriminación que sufren a diario las personas LGBT y otros colectivos sociales marginados? Existen distintas soluciones, pero lo primero que uno puede pensar son las leyes y las instituciones, que son dispositivos que pueden garantizar sus derechos y protegerlos de la discriminación y el odio.
Entre distintos dispositivos legales, las ordenanzas son las que más afectan directamente a la vida comunitaria de la población. Por este motivo, la sociedad surcoreana se ha esforzado en promover no solo las legislaciones a nivel nacional como la ley contra la discriminación, sino también la creación de las ordenanzas locales que protejan a las personas LGBT, entre las cuales hay que destacar las ordenanzas de derechos humanos y las ordenanza de derechos estudiantiles. La primera de aquellas, por ejemplo, fue promulgada, gracias a los esfuerzos liderados por los movimientos de los derechos juveniles y estudiantiles, en 2010 en la provincia de Gyeonggi a fin de proteger a los estudiantes de diversas formas de violencia y discriminación, como los castigos corporales, los cortes de pelo forzados y la hora extra de estudio matutino(Nota 1). La ordenanza establece específicamente el derecho a no ser discriminado por motivos de orientación sexual e identidad de género, lo que es importante para los estudiantes LGBT.
Nota 1. Muchas escuelas establecían ‘la hora cero’ que no aparecía en el horario escolar para que los estudiantes vinieran más temprano antes de la primera hora e hicieran estudios extra. Era de una o dos horas de escuela a escuela, por lo cual muchos estudiantes no podían dormir lo suficiente.
Sin embargo, en los últimos años, estas ordenanzas de derechos humanos han estado bajo la amenaza de derogación en varias regiones, sobre todo por parte de fuerzas LGBTfóbicas que se han opuesto ferozmente a los términos ‘orientación sexual’ e ‘identidad de género’ desde su creación y que han ganado más fuerza con el apoyo explícito e implícito del actual gobierno conservador. Echemos un vistazo al debate sobre su derogación, con el enfoque a la LGBTfobia.
Provincia Chungcheong del Sur (Chungcheongnam-do)
En la provincia Chungcheong del Sur, la Ordenanza de Derechos Humanos se promulgó por primera vez en 2012, después de que el Comité Nacional de Corea de los Derechos Humanos (NHRCK por su sigla en inglés) recomendó que los gobiernos locales de todo el país crearan sus propias ordenanzas de derechos humanos. Al establecer que el gobierno local es responsable de garantizar los derechos humanos de sus vecinos, la ordenanza de derechos humanos le permite intervenir rápidamente en los asuntos de derechos humanos que surjan en sus regiones y llevar a cabo una administración basada en los derechos humanos. A esto le siguió la promulgación de la Ordenanza de Derechos Estudiantiles de Chungcheong del Sur en 2020.
La noticia alarmante es que las dos ordenanzas estén ahora bajo el peligro de ser abolidas. Los grupos conservadores, sobre todo algunas organizaciones cristianas, han argumentado que las ordenanzas violan los derechos de la mayoría de la población y que la Ordenanza de Derechos Estudiantiles, en particular, impone un ‘concepto izquierdista de los derechos humanos’ que obstaculiza la ‘adecuada orientación de los estudiantes’, y en marzo de este año entregaron firmas de los residentes al parlamento provincial para pedir su derogación. El parlamento reconoció que se habían recogido suficientes firmas válidas y programó una sesión extraordinaria para derogar las ordenanzas. Sin embargo, las organizaciones civiles como Crisis Chungnam Joint Action (Crisis Chungnam Acción Conjunta) interpusieron una demanda ante el tribunal para que se suspendiera la efectividad de aquel intento, que fue confirmada por el Tribunal de Distrito de Daejeon en septiembre, por lo que las ordenanzas no han sido derogadas por ahora. No obstante, mientras los defensores y detractores de las ordenanzas discuten su legitimidad en los juicios, el parlamento provincial planea celebrar otra sesión en noviembre para avanzar en la derogación.
De hecho, la Ordenanza de Derechos Estudiantiles ya fue derogada y promulgada de nuevo en otra ocasión en 2018. El parlamento provincial de entonces la derogó insistiendo en que fomentaba la homosexualidad y el islamismo, y se volvió a legislar tras las elecciones del mismo año que cambiaron la mayoría en la legislatura. Sin embargo, como Lee Jinsuk, directora del Grupo de Educación y Activismo en Derechos Humanos de Chungcheong del Sur Butteul, escribió en un artículo de opinión para OhmyNews, los líderes políticos de la región “solo estaban interesados en ‘promulgar’ la ordenanza, no en lo que debería ser o en lo efectiva que sería”. Aunque la ordenanza establecía una organización de derechos humanos y unos cargos de insepcción para investigar los casos de violaciones de derechos humanos y hacer recomendaciones para remediarlos, carecía de la eficacia y la aplicabilidad suficientes para responder eficazmente a más casos de violación. Por tanto, para evitar otra derogación de la ordenanza, había que poner en marcha un mecanismo que garantizara su eficacia y arraigara el contenido de la ordenanza en la vida de la población local, de modo que “los valores y principios de los derechos humanos sean implementados en la administración y en la gente”. De lo contrario, la ordenanza se quedaría en una mera declaración. Al final, la ordenanza se volvió a legislar, pero “sin un departamento dedicado a su implementación”, era difícil ponerla en práctica. Lee señaló que el Centro de Derechos Humanos de Chungcheong del Sur no era un organismo con independencia, que la formación en derechos humanos de los funcionarios era superficial y que el Plan Básico de Derechos Humanos seguía siendo un plan sin realizar.
La Ordenanza de Derechos Estudiantiles se enfrenta a una realidad similar tras ser promulgada en 2020 gracias a los esfuerzos de coaliciones como Chungnam Youth Human Rights Plus: sus disposiciones se ignoraban a menudo en las escuelas privadas, la educación en derechos estudiantiles se llevaba a cabo en el vacío e incluso los estudiantes rara vez conocían su existencia. Esta realidad es especialmente preocupante a la luz de un incidente ocurrido este año en el que las bibliotecas de la provincia se vieron obligadas a retirar libros infantiles sobre educación sexual e igualdad de género debido a peticiones de odio. Según un artículo del periódico Kyunghyang, desde mayo de este año, los grupos de padres conservadores han presentado quejas a las bibliotecas públicas de la provincia entera, exigiéndo repetidamente que retiraran los libros que trataban de la diversidad, la sensibilidad de género y las personas LGBT. Esto ha llevado a varias bibliotecas a retirar libros o a restringir el acceso a ellos, de lo cual incluso el gobernador provincial, Kim Taeheum, se mostró a favor.
En enero, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) expresó su preocupación por los intentos de derogar dichas ordenanzas en Chungcheong del Sur y en Seúl, subrayando que aquellas ordenanzas protegían a los estudiantes en primera línea de la vida cotidiana. “Si se deroga la Ordenanza de Derechos Humanos, diferentes instituciones como la Comisión Provincial de Derechos Humanos de Chungcheong del Sur, su Centro de Derechos Humanos y los funcionarios de inspección que investigan las violaciones de derechos humanos en la provincia dejarán de tener una base legal para operar”, señaló el CDHNU, agregando que ya existían varios mecanismos basados en la ordenanza cuya derogación dañaría a la población local.
Las ordenanzas son el punto de partida para la institucionalización de los derechos humanos
Seúl
En Seúl existe un movimiento similar de derogación. Seúl fue la tercera región del país en legislar una ordenanza de derechos estudiantiles en 2011, después de la provincia de Gyeonggi y Gwangju, pero fue la primera en hacerlo en forma de la iniciativa ciudadana. Según un artículo de 2013 publicado por Kim Yeonjoo y Tari Youngjung Na en la revista Memory & Vision, aunque la provincia de Gyeonggi fue la primera entidad administrativa en legislar la ordenanza de este tipo, no logró garantizar la participación de los estudiantes, que eran partes de su aplicación. Para reforzar la eficacia de la ordenanza, los residentes de Seúl aprendieron a participar activamente en el proceso de su legislación. En particular, no solo las organizaciones de defensa de los derechos estudiantiles, sino también las organizaciones LGBT como Chingusai y Solidaridad por los Derechos Humanos LGBT de Corea (Solidarity for LGBT Human Rights of Korea en su nombre oficial en inglés) participaron activamente en el proceso, trabajando para crear disposiciones que protegieran a los estudiantes LGBT. Los términos sobre la orientación sexual y la identidad de género, a su vez, se convirtieron en objetos de ataques incesantes, e incluso había una opinión de aprobarla sin ellos; no obstante, la ordenanza se legisló con éxito, impidiendo los castigos corporales a los estudiantes y garantizando sus derechos de vestimenta, reunión y sexualidad.
La ordenanza estudiantil de Seúl es significativa por ser la primera en especificar la identidad de género como motivo de no discriminación. También se añadió en 2017 la prohibición de la incitación al odio, que ha sido objeto de ataques contínuos por parte de entidades cristianas. En febrero de este año, el Parlemento Municipal de Seúl aceptó una petición para derogar la ordenanza, lo que supuso el inicio de su maliciosa revisión. Según las enmiendas propuestas por el parlamento, la orientación sexual y la identidad de género quedarían eliminadas de la lista de los motivos de no discriminación y las cláusulas sobre la libertad de conciencia y religión y la libertad de vida privada se suprimirían en su totalidad. Aunque ha quedado en suspenso por los conflictos políticos en el parlamento, el riesgo de derogación sigue en pie.
Valores de las ordenanzas
Como señala Lee Jin-sook, muchas ordenanzas de derechos humanos han sido a menudo poco más que un documento escrito y, en consecuencia, no se ha aprovechado plenamente el valor de proteger los derechos de las minorías, incluidos los derechos LGBT. Además, según las estadísticas presentadas por Queer Apocalypse: The Politics of Love and Hate (Apocalipsis Queer: Las políticas de amor y de odio), hasta marzo de 2020 ha habido un total de 124 casos de ordenanzas suspendidas, modificadas o derogadas en todo el país. Como escribió Gonghyun, activista de Youth Human Rights Jieum, en OhmyNews, “la Ordenanza de Derechos Estudiantiles es fácilmente ignorada por los profesores si el Superintendente de Educación(Nota 2) no está dispuesto a hacerlo cumplir o incluso envía el mensaje de que los derechos de los estudiantes serán restringidos”, debido a que la Ordenanza tiene poca eficacia y “no se imponen sanciones inmediatas o remedios aplicables para las violaciones por parte de las escuelas de los derechos estudiantiles que están claramente descritos en la Ordenanza”.
Nota 2. El superintenente de educación es un alto funcionario electivo que se encarga de las políticas educativas de una región. Actualment hay 17 superintendentes educativos, uno por cada provincia y ciudad metropolitana.
Al mismo tiempo, se puede seguir insistiendo en lo significativo de las ordenanzas. Como ya se ha dicho, tienen la función de reforzar complementariamente las leyes de rango superior como la constitución y las leyes a nivel nacional y, por tanto, están más cerca de la vida cotidiana y real de la población. Además, como señala Kim Ol Teun en su artículo de 2023 publicado en Women’s Studies Review, las ordenanzas son el punto de partida para la institucionalización de los derechos humanos: no son el producto final y definitivo para la protección de los derechos humanos, sino más bien el punto de partida para abordar cómo se conformarán y realizarán las leyes y las instituciones al respecto.
Traducción al español: Miguel
Revisión de la traducción: 희중
Redacción del texto original: Miguel
Revisión del texto original: 레이
Bibliografía (Materiales en coreano)
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